Amnistía Internacional denuncia posibles crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción en El Salvador

Amnistía Internacional (AI) denunció que el régimen de excepción implementado en El Salvador desde 2022 ha dejado cientos de personas fallecidas en centros penitenciarios y más de 90,000 detenciones arbitrarias, hechos que, según la organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El informe, titulado «Seguridad sin derechos», señala que hasta diciembre de 2025 se documentaron al menos 470 muertes bajo custodia estatal durante la vigencia de las medidas extraordinarias impulsadas por el presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas.

Por su parte, la organización salvadoreña Socorro Jurídico sostiene que la cifra de fallecidos asciende a 547 y advierte que el número real podría superar el millar.

De acuerdo con Amnistía Internacional, en varios de los casos analizados se encontraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte, además de indicios de violencia física y presunta negligencia médica.

La organización también afirmó que la mayoría de las personas fallecidas no habían recibido una condena judicial, por lo que se encontraban bajo la responsabilidad directa del Estado. Asimismo, denunció que ninguna de estas muertes ha derivado en investigaciones efectivas para identificar a los responsables.

La directora regional de Amnistía Internacional, Ana Piquer, manifestó que numerosas familias enfrentaron incertidumbre al desconocer el paradero de sus familiares detenidos y, en algunos casos, recibieron sus cuerpos sin una explicación convincente sobre las causas de su fallecimiento.

El informe también sostiene que más de 90,000 personas fueron detenidas de forma arbitraria durante la vigencia del régimen de excepción y que las denuncias por torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal forman parte de un patrón sistemático de abusos que, por su magnitud y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Esta denuncia se suma a la presentada en marzo pasado por un grupo de juristas internacionales, quienes también señalaron al Gobierno salvadoreño por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas torturas y desapariciones forzadas.

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha sido la principal herramienta del Gobierno del presidente Nayib Bukele en su estrategia de combate contra las pandillas. Las autoridades salvadoreñas sostienen que estas medidas han permitido reducir los índices de violencia a mínimos históricos y fortalecer la seguridad en el país.

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Amnistía Internacional (AI) denunció que el régimen de excepción implementado en El Salvador desde 2022 ha dejado cientos de personas fallecidas en centros penitenciarios y más de 90,000 detenciones arbitrarias, hechos que, según la organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El informe, titulado «Seguridad sin derechos», señala que hasta diciembre de 2025 se documentaron al menos 470 muertes bajo custodia estatal durante la vigencia de las medidas extraordinarias impulsadas por el presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas.

Por su parte, la organización salvadoreña Socorro Jurídico sostiene que la cifra de fallecidos asciende a 547 y advierte que el número real podría superar el millar.

De acuerdo con Amnistía Internacional, en varios de los casos analizados se encontraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte, además de indicios de violencia física y presunta negligencia médica.

La organización también afirmó que la mayoría de las personas fallecidas no habían recibido una condena judicial, por lo que se encontraban bajo la responsabilidad directa del Estado. Asimismo, denunció que ninguna de estas muertes ha derivado en investigaciones efectivas para identificar a los responsables.

La directora regional de Amnistía Internacional, Ana Piquer, manifestó que numerosas familias enfrentaron incertidumbre al desconocer el paradero de sus familiares detenidos y, en algunos casos, recibieron sus cuerpos sin una explicación convincente sobre las causas de su fallecimiento.

El informe también sostiene que más de 90,000 personas fueron detenidas de forma arbitraria durante la vigencia del régimen de excepción y que las denuncias por torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal forman parte de un patrón sistemático de abusos que, por su magnitud y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Esta denuncia se suma a la presentada en marzo pasado por un grupo de juristas internacionales, quienes también señalaron al Gobierno salvadoreño por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas torturas y desapariciones forzadas.

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha sido la principal herramienta del Gobierno del presidente Nayib Bukele en su estrategia de combate contra las pandillas. Las autoridades salvadoreñas sostienen que estas medidas han permitido reducir los índices de violencia a mínimos históricos y fortalecer la seguridad en el país.

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 Internacionales archivos – DIARIO ROATÁN

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