
La organización de la sociedad civil Sendas advirtió que el principal desafío de la reforma al sector eléctrico en Honduras no es únicamente la aprobación de una nueva ley, sino la falta de una autoridad con el mandato y la capacidad para ejecutar los cambios estructurales que requiere el sistema.
En una publicación divulgada este miércoles, la organización señaló que, aunque el país lleva varios meses debatiendo una reforma a la legislación del sector eléctrico, el proyecto aún no reúne los votos necesarios para su aprobación en el Congreso Nacional. No obstante, sostuvo que el debate legislativo deja en evidencia un problema de fondo: la ausencia de un responsable con autoridad suficiente para liderar la implementación de la transformación.
Sendas, creada hace un año con el objetivo de elaborar análisis y propuestas de política pública, recordó que la experiencia de la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014 demuestra que la aprobación de una normativa no garantiza, por sí sola, la reducción de pérdidas, la profesionalización de las instituciones ni la viabilidad de nuevas empresas del sector.
Según la organización, para que una reforma tenga resultados es necesario alcanzar un consenso nacional y contar con un liderazgo capaz de coordinar las decisiones regulatorias, financieras, operativas y de inversión que demanda el proceso.
El análisis destaca que países como Guatemala y Panamá lograron avanzar en sus reformas eléctricas cuando los gobiernos delegaron autoridad a equipos con funciones claramente definidas para conducir la implementación desde la aprobación de la ley hasta su ejecución.
En el caso de Honduras, Sendas considera que las responsabilidades se encuentran dispersas entre distintas instituciones. Señala que el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) desempeñan funciones de administración y regulación, mientras que la Secretaría de Energía tiene un alcance institucional limitado y la Secretaría de Finanzas enfrenta las consecuencias fiscales del endeudamiento del sector.
La organización sostiene que esta distribución de funciones dificulta que exista una autoridad con dedicación exclusiva, autonomía y capacidad de decisión para conducir la reforma sin conflictos de interés.
Asimismo, advierte que el sector eléctrico requiere continuidad en la gestión, una condición que, a su juicio, la estructura institucional actual no garantiza. Como ejemplo, señala que las gerencias de la ENEE permanecen en promedio menos de 20 meses en el cargo, mientras que una licitación para proyectos de generación puede tardar hasta siete años en completarse.
El documento también menciona que la inversión necesaria en transmisión eléctrica ronda los 900 millones de dólares durante la próxima década, al tiempo que las pérdidas de energía superan el 38 %, generando costos superiores a los 500 millones de dólares en 2025.
Para Sendas, la cooperación internacional puede respaldar el proceso de transformación, pero no sustituir el liderazgo nacional. Por ello, plantea la creación de una autoridad de implementación con mandato real, autonomía operativa, dedicación exclusiva y mecanismos de rendición de cuentas ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
La organización sostiene que el perfil de quien encabece este proceso debe estar basado principalmente en su capacidad de decisión, credibilidad y peso político, más que en su especialización técnica, ya que esta puede ser complementada por un equipo de expertos.
Finalmente, Sendas considera que el nombramiento de la persona encargada de ejecutar la reforma será la primera señal sobre el compromiso real del Estado con la transformación del sector eléctrico, al estimar que el perfil y las facultades que se le otorguen reflejarán el nivel de prioridad que el Gobierno asigna a este proceso.
La entrada Sendas: Honduras necesita una autoridad con poder real para ejecutar la reforma del sector eléctrico se publicó primero en DIARIO ROATÁN.
La organización de la sociedad civil Sendas advirtió que el principal desafío de la reforma al sector eléctrico en Honduras no es únicamente la aprobación de una nueva ley, sino
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La organización de la sociedad civil Sendas advirtió que el principal desafío de la reforma al sector eléctrico en Honduras no es únicamente la aprobación de una nueva ley, sino la falta de una autoridad con el mandato y la capacidad para ejecutar los cambios estructurales que requiere el sistema.
En una publicación divulgada este miércoles, la organización señaló que, aunque el país lleva varios meses debatiendo una reforma a la legislación del sector eléctrico, el proyecto aún no reúne los votos necesarios para su aprobación en el Congreso Nacional. No obstante, sostuvo que el debate legislativo deja en evidencia un problema de fondo: la ausencia de un responsable con autoridad suficiente para liderar la implementación de la transformación.
Sendas, creada hace un año con el objetivo de elaborar análisis y propuestas de política pública, recordó que la experiencia de la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014 demuestra que la aprobación de una normativa no garantiza, por sí sola, la reducción de pérdidas, la profesionalización de las instituciones ni la viabilidad de nuevas empresas del sector.
Según la organización, para que una reforma tenga resultados es necesario alcanzar un consenso nacional y contar con un liderazgo capaz de coordinar las decisiones regulatorias, financieras, operativas y de inversión que demanda el proceso.
El análisis destaca que países como Guatemala y Panamá lograron avanzar en sus reformas eléctricas cuando los gobiernos delegaron autoridad a equipos con funciones claramente definidas para conducir la implementación desde la aprobación de la ley hasta su ejecución.
En el caso de Honduras, Sendas considera que las responsabilidades se encuentran dispersas entre distintas instituciones. Señala que el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) desempeñan funciones de administración y regulación, mientras que la Secretaría de Energía tiene un alcance institucional limitado y la Secretaría de Finanzas enfrenta las consecuencias fiscales del endeudamiento del sector.
La organización sostiene que esta distribución de funciones dificulta que exista una autoridad con dedicación exclusiva, autonomía y capacidad de decisión para conducir la reforma sin conflictos de interés.
Asimismo, advierte que el sector eléctrico requiere continuidad en la gestión, una condición que, a su juicio, la estructura institucional actual no garantiza. Como ejemplo, señala que las gerencias de la ENEE permanecen en promedio menos de 20 meses en el cargo, mientras que una licitación para proyectos de generación puede tardar hasta siete años en completarse.
El documento también menciona que la inversión necesaria en transmisión eléctrica ronda los 900 millones de dólares durante la próxima década, al tiempo que las pérdidas de energía superan el 38 %, generando costos superiores a los 500 millones de dólares en 2025.
Para Sendas, la cooperación internacional puede respaldar el proceso de transformación, pero no sustituir el liderazgo nacional. Por ello, plantea la creación de una autoridad de implementación con mandato real, autonomía operativa, dedicación exclusiva y mecanismos de rendición de cuentas ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
La organización sostiene que el perfil de quien encabece este proceso debe estar basado principalmente en su capacidad de decisión, credibilidad y peso político, más que en su especialización técnica, ya que esta puede ser complementada por un equipo de expertos.
Finalmente, Sendas considera que el nombramiento de la persona encargada de ejecutar la reforma será la primera señal sobre el compromiso real del Estado con la transformación del sector eléctrico, al estimar que el perfil y las facultades que se le otorguen reflejarán el nivel de prioridad que el Gobierno asigna a este proceso.
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